La Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (Ley REP) es, fundamentalmente, un instrumento económico y una herramienta normativa que establece la responsabilidad de los Productores de ciertos residuos (productos prioritarios) en el financiamiento de su valorización. La misma normativa define que «un residuo se considera valorizado cuando sea sometido a un proceso productivo en el que se use dicho residuo en reemplazo de un insumo o materia prima virgen».
En consecuencia, y a la par con las obligaciones de la responsabilidad de los «Productores», el cumplimiento de la Ley REP se sustenta en la existencia de un ecosistema de actores que se hagan cargo de los residuos, desde su generación hasta su efectiva valorización.
Estos actores son los denominados «gestores», es decir, transportistas, estaciones de separación, recicladores o valorizadores, quienes juegan un rol protagónico en el cierre del ciclo de los materiales que en un momento fueron residuos, y son también fundamentales para la trazabilidad de estos materiales. Este ecosistema se hace cargo de la cadena logística y operacional que transforma los residuos generados por nuestras actividades e industrias en nueva materia prima segundaria, disponible para producir nuevos productos.
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